Miguel Torruco, diputado federal mexicano, presentó una propuesta de reforma al Código Penal Federal para castigar, hasta con ocho años de cárcel, la alteración de contenidos con herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) en perjuicio de cualquier persona.
La inteligencia artificial ha evolucionado de tal manera que permite la creación de imágenes o videos muy realistas, que imitan la apariencia o la voz de una persona, a menudo con connotaciones sexuales, principalmente en mujeres. La preocupación principal es que estos deepfakes se utilizan para crear contenido sexualmente explícito sin el consentimiento de las personas involucradas, constituyendo una grave violación a su privacidad y dignidad.
La iniciativa considera modificaciones al capítulo 3, artículo 121, del conjunto de normas jurídicas para incluir el uso indebido de la tecnología, así como las sanciones derivadas. El escrito define a la IA como cualquier software desarrollado a través de “estrategias de aprendizaje automático, incluidos el entrenamiento supervisado, el no supervisado y el realizado por refuerzo, que emplean una amplia variedad de métodos, entre ellos el aprendizaje profundo”.
El proyecto de reforma pretende penalizar a las personas que utilicen estos algoritmos en la creación o modificación de videos, audios, rostros, grabaciones de voz, o escenarios que puedan parecer reales, para cometer fraude o perjudicar la imagen y reputación de cualquier persona física o moral. Contempla sanciones para quienes falsifiquen documentos oficiales en busca de causar daño patrimonial.
La proposición añade penas para los individuos que, sin consentimiento, generen, expongan, distribuyan, transmitan, reproduzcan, comercialicen e intercambien contenido íntimo creado con sistemas de IA, a través de medios impresos, correos electrónicos, redes sociales, o cualquier otro medio tecnológico. En todos los casos, las sanciones van de 2 a 8 años de prisión, con multas de entre 100 y 800 días. Si las personas afectadas son menores de edad, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o padecen alguna discapacidad, la condena aumentará en una quinta parte.
A nivel federal, la senadora Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa con el objetivo de establecer una pena de seis a ocho años de prisión a la persona que utilice tecnologías relacionadas con Internet y computación, para alterar digitalmente el rostro de una persona en imágenes, videos y audios con la intención de hacerlo pasar por verdaderos.
Esta iniciativa también se enfoca en la protección de menores y personas vulnerables, proponiendo aumentar las penas para quienes distribuyan material pornográfico a menores o representen de manera lasciva a niños, niñas y adolescentes.
Estas iniciativas reflejan una creciente preocupación por el uso malintencionado de la inteligencia artificial y su impacto en la privacidad y la dignidad de las personas. Al mismo tiempo, se reconoce que la utilización de estas tecnologías puede estar protegida por el derecho a la libertad de expresión, lo que requiere un balance cuidadoso en la legislación.
En México, la Suprema Corte ha establecido criterios para diferenciar entre distintos tipos de manifestaciones en Internet, considerando aspectos como la potencial comisión de delitos, la justificación de restricciones y demandas civiles, y los problemas relacionados con la tolerancia y el respeto a los demás.
Con información de: Wired y Ciudadanos en Red.
Artículo redactado con asistencia de diversas inteligencias artificiales generativas con supervisión humana (redacción AD).
