Las vías y acciones utilizadas como medio para la consecución de un objetivo solamente pueden ser determinadas como eficientes y adecuadas cuando existe evidencia irrefutable de su eficacia en el resultado, ya que de nada sirve generar expectativas que no se hacen posibles por falta de ejecución o errores en la puesta en práctica de un plan previamente trazado. Este es el paradigma que enfrenta la comunidad internacional en relación con el desarrollo digital y su debida inclusión en la sociedad, toda vez que el despliegue de infraestructura y tecnología resulta irrelevante si al final del día, es incapaz de potenciar y mejorar la vida de las personas dentro y fuera de la red.
Herbert Marshall, filósofo, profesor y teórico canadiense, señala que toda tecnología tiende a crear un nuevo entorno humano, en el entendido, que los entornos tecnológicos no son meramente pasivos recipientes de personas, debiendo generar reconfiguración en dichas personas y otras tecnologías similares. En ese orden de ideas, debe establecerse que no hay política pública en materia de estrategia digital que pueda considerarse viable y exitosa sin generar bienestar a los grupos de personas que integran una sociedad determinada, explotando las ventajas y reconociendo las diferencias que cada comunidad enfrenta.
En México el artículo sexto de nuestra Constitución establece el compromiso del Estado de integrar a los ciudadanos a la sociedad de la información y del conocimiento mediante una política digital universal con metas anuales y sexenales, reconociendo dicho precepto que no es la simple instalación de infraestructura la meta propuesta para tal efecto. El debido uso de la información y su integración adecuada a los diversos municipios, ciudades, estados y poblaciones como habilitador social y fuente de bienestar tangible debe ser el compromiso inexcusable e impostergable del Estado y sus diversos órganos de gobierno, siendo las necesidades básicas las primeras que pueden solventarse a través de la tecnología.
Es evidente que no puede ser la federación la que cumpla en solitario con las condiciones y tiempos óptimos requeridos para cumplir con los requerimientos y retos planteados por la diversidad de regiones que integran nuestro territorio, debiendo coadyuvar con los estados y municipios para reconfigurar los esfuerzos para lograr la penetración y operación de redes y tecnologías disruptivas que eviten y disminuyan la brecha digital. De acuerdo con las Naciones Unidas, para el 2050 del 55% al 70% de la población mundial vivirá en zonas urbanas o ciudades, incrementando el desafío de resolver el desarrollo económico, de inclusión social, seguridad, vivienda, infraestructura y sustentabilidad.
Tomando en cuenta las referencias vertidas, son sin duda las Ciudades Inteligentes la última capa que debe operar sobre redes comunitarias y/o regionales, diseñadas de acuerdo con una agenda digital local, que en conjunto puedan generar valor efectivo a las diversas poblaciones del país, resolviendo de inicio todas aquellas necesidades básicas, evitando la pérdida de oportunidades de desarrollo para la vida social, económica y productiva e influyendo en la inclusión de mujeres y jóvenes en los procesos productivos requeridos de acuerdo a las características de cada comunidad. Implementar estrategias que transformen la visión urbana y fortalezcan todas las áreas de una ciudad o zona urbana, a efecto de volverse autosuficiente y productiva por conducto de la tecnología, es sin duda prioridad para todos los entes y órdenes de gobierno.
El compromiso de las autoridades de transformar la huella urbana y lograr madurez y crecimiento en el ámbito de las denominadas ciudades inteligentes no sólo requiere inversiones públicas y privadas en infraestructura y redes de telecomunicaciones, siendo indispensable también la adopción de tecnología basada en inteligencia artificial, big data, plataformas digitales y/o aplicaciones que puedan convivir con la instalación del 5G y el desarrollo de internet de las cosas. Es importante señalar que por las condiciones que han retrasado el despliegue de 5G en México, no es necesario esperar la llegada de dicha tecnología para implementar una estrategia digital que innove y promueva la implantación de ciudades inteligentes.
El primer paso para lograr los objetivos mencionados debe ser la firma de acuerdos de colaboración entre el Gobierno Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones con los Estados y municipios para sumar esfuerzos y recursos para conectar más zonas urbanas y rurales, coadyuvando para la implementación y operación de ciudades inteligentes y avanzar de manera más rápida en la estrategia de transformación digital. El esquema de referencia se ha implementado actualmente en Colombia, país considerado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y Microsoft, en un estudio reciente realizado en conjunto, como puntero en América Latina en la conexión de zonas rurales. Por el contrario, México se encuentra en el nivel medio de dicho estudio, según el cual, entre el 64 y 71 por ciento de la población rural no tiene acceso a una conectividad con estándares mínimos de calidad, y por ende se carece de medios tecnológicos para abatir la desigualdad y cubrir servicios municipales y locales indispensables.
Con la celebración de los acuerdos de cooperación referidos, los municipios y zonas urbanas pueden interactuar con el gobierno y autoridades relacionadas, soportando en las políticas públicas federales y las agendas digitales regionales y municipales el desarrollo de ciudades y zonas urbanas inteligentes. La inversión pública y privada en tecnologías debe ser uno de los ejes de la Agenda Digital que sustente la implementación de ciudades inteligentes, poniendo especial atención en la capacitación y desarrollo de talento especializado. México, por conducto del gobierno federal, estados y municipios, debe aumentar de forma importante el gasto en tecnologías de la información e innovación, no siendo suficiente únicamente dar cumplimiento a la cobertura universal establecida en la Constitución.
Es importante reconocer los esfuerzos realizados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para ampliar el espectro regulatorio que permita el despliegue de nuevas tecnologías y redes, ejemplo de ésto es la liberación de bandas del espectro radioeléctrico para la eventual asignación de bandas de frecuencia que permitan el despliegue de tecnología 5G; y el inicio de la consulta pública respecto de la banda de frecuencia ubicada entre los 5.925 GHz y los 7.125 GHz para el análisis y un eventual despliegue en dicha banda de W-Fi 6, que puede ser utilizado en sitios públicos permitiendo una mayor cantidad de usuarios que puedan acceder a servicios digitales. Evidentemente falta combinar dichos trabajos con un programa digital federal para implementar en conjunto con los municipios y para combinar y promover la interoperabilidad de redes y plataformas que den acceso a la informática del alto rendimiento y mejoramiento de competencias digitales en la población, tal y como lo intenta hacer la Comunidad Económica en su plan denominado Europa Digital.
Son los Estados y municipios los que deben implementar agendas digitales mediante regulación asociada que permita fomentar la inversión y poner en funcionamiento ciudades inteligentes que mejoren y solventen, a través de tecnología y plataformas, aquellas tareas y actividades básicas como servicios de iluminación, servicios de transporte, servicios de limpia, seguridad, bacheo, drenaje y desarrollo urbano.
Asimismo, la transformación de comunidades en ciudades inteligentes provocada por la implementación de agendas digitales locales debe generar la implementación por parte de los gobiernos federales y terceros de soluciones tecnológicas en otras materias clave como son la movilidad, educación, la atención médica, la construcción, logística de productos y servicios, etc.
Es urgente rebasar la percepción frívola construida alrededor de la definición de “Ciudades Inteligentes”, en el entendido que las mismas son el habilitador que abata la brecha digital y permita el acceso y uso de tecnologías en beneficio de un grupo poblacional, con efectos positivos en la vida social, laboral y financiera del mismo. Las ciudades inteligentes deben buscar, la educación con habilidades digitales suficientes, la creación de centros digitales regionales y la prosperidad en los diversos sectores y ámbitos locales, con proyección y efecto nacional.
No podemos ver a las ciudades inteligentes como una moda, debiendo empezar a considerarlas como una necesidad para la solución de contingencias presentadas por esta nueva realidad, por lo que el gobierno debe democratizarlas, es decir, extender su uso y abrirlas a los órganos públicos y privados de forma igualitaria.
Abogado egresado de la Universidad La Salle con Maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación en INFOTEC. Tiene 20 años de experiencia en Telecomunicaciones, como Director Jurídico de empresas del ramo, así como asesor externo a través de despachos especializados. Actualmente director de Expanzione. Co-autor de Guía práctica de Cómputo en la Nube. Profesor de Derecho de Telecomunicaciones en la Escuela de Derecho Digital, así como en programas nacionales y extranjeros.
