En una medida sin precedentes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, respaldado por 16 estados y el Distrito de Columbia, ha lanzado una demanda antimonopolio contra Apple Inc. La denuncia señala a la corporación tecnológica de ejecutar prácticas monopolísticas centradas en el iPhone y sus políticas adyacentes. Este litigio pretende desmantelar lo que se describe como el dominio inquebrantable de Apple en el sector de los smartphones.
El gobierno sostiene que Apple ha infringido las leyes antimonopolio al aplicar estrategias que encierran a los consumidores dentro de su ecosistema, dificultando significativamente la transición hacia dispositivos de competidores.
Un punto clave de la acusación es que Apple controla estrictamente la experiencia del usuario en el iPhone y otros dispositivos, creando lo que los críticos llaman un “campo de juego desigual”. Esta situación se ve exacerbada por la prohibición de Apple hacia terceros para ofrecer aplicaciones que representen una competencia directa a sus propios servicios, como el chip de pago NFC para billeteras digitales alternativas.
La querella argumenta que tales prácticas han conducido a precios elevados y una disminución en la innovación, perjudicando al consumidor final. Apple defiende sus políticas bajo el argumento de seguridad, declarando que estas son esenciales para mantener la integridad y distinción de sus productos.
Este proceso legal representa la punta de lanza en la ofensiva antimonopolio de la administración Biden contra los colosos de la tecnología. En una era que exige la actualización de las leyes antimonopolio, gigantes como Google, Meta, y Amazon también se encuentran en la mira de litigios similares.
La demanda solicita al tribunal que impida que Apple continúe con prácticas como bloquear aplicaciones de transmisión en la nube, socavar la mensajería en sistemas operativos de smartphones e impedir la creación de alternativas de billetera digital. El Departamento de Justicia incluso tiene el derecho de solicitar cambios estructurales en el negocio de Apple, incluida una posible desintegración de la empresa.
Apple, que ha superado desafíos antimonopolio previos, prepara su defensa reiterando que sus políticas son en beneficio de la experiencia del usuario. La compañía subraya el éxito de la App Store como motor de creación de negocios y defiende sus prácticas como promotoras de un mercado saludable.
Esta demanda se inscribe dentro de un contexto más amplio de escrutinio regulatorio hacia las prácticas de las grandes tecnológicas, con la administración Biden poniendo énfasis en la importancia de un comercio y comunicaciones justos. Simultáneamente, en Europa, Apple enfrenta presiones regulatorias por prácticas consideradas anticompetitivas, reflejando una tendencia global hacia un mayor control sobre los titanes de la tecnología.
Todos los grandes gigantes tecnológicos modernos se han enfrentado a importantes desafíos antimonopolio federales. Además de Apple, el Departamento de Justicia está llevando casos contra el negocio de búsquedas y la tecnología publicitaria de Google, mientras que la FTC ha demandado a Meta y Amazon por supuestas prácticas anticompetitivas.
Las demandas reflejan un impulso de los reguladores para aplicar un mayor escrutinio a las funciones de las empresas tecnológicas como “guardianes del comercio y las comunicaciones”. La administración Biden ha nombrado a críticos de los gigantes tecnológicos para liderar tanto la FTC como la división antimonopolio del Departamento de Justicia.
En Europa, los reguladores han impuesto multas a Apple por impedir que los competidores de transmisión de música se comuniquen con los usuarios sobre promociones y actualizaciones de suscripciones. Los desarrolladores de aplicaciones también han apelado a la UE para que investigue si Apple está violando una nueva ley que requiere abrir los iPhones a tiendas de aplicaciones de terceros.
La demanda del Departamento de Justicia se centra en un grupo de prácticas que, según el gobierno, Apple ha utilizado para apuntalar su dominio. Estas incluyen socavar la capacidad de los usuarios de iPhone de enviar mensajes a propietarios de otros teléfonos inteligentes, dificultar que el iPhone funcione con relojes inteligentes que no sean el Apple Watch y no permitir que otras empresas construyan billeteras digitales alternativas.
Aunque las empresas pueden favorecer legalmente sus propios productos y servicios, el gobierno tendrá que explicar por qué las prácticas de Apple son un problema. Apple se ha defendido argumentando que sus políticas son fundamentales para la privacidad y seguridad de sus dispositivos, mientras que el gobierno intentará demostrar que el efecto ha sido perjudicar a los consumidores, no ayudarlos.
La contienda promete ser un punto de inflexión en el debate sobre la regulación antimonopolio en la era digital, planteando interrogantes fundamentales sobre la libertad de elección del consumidor y la equidad del mercado tecnológico.
Con información de: The New York Times, The Verge, NBC y Reuters.
Artículo redactado con asistencia de diversas inteligencias artificiales generativas con supervisión humana (redacción AD).
