Cuántas veces debe cometerse un error para generar conciencia en quien lo realiza, bajo el entendido que la sobrerregulación no genera control, ni el exceso de barreras soluciona la inseguridad ni fortalece el Estado de Derecho. Por el contrario, la intromisión de terceros en las funciones de órganos sectoriales que resguardan la viabilidad y crecimiento de un entorno económico en crecimiento, resulta un atentado a un nuevo orden jurídico que busca en principio resguardar los derechos fundamentales de cada individuo que forma parte de una colectividad y fomentar su desarrollo.
Resulta complejo entender los motivos que tiene actualmente el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos para buscar de forma incansable irrumpir, distorsionar y detener un ecosistema digital que crece vertiginosamente, bajo la excusa de resguardar la seguridad y abatir los índices delictivos existentes.
No hay justificación que valga para implementar la creación de normas que vulneran los derechos fundamentales y ponen en riesgo datos personalísimos so pretexto de establecer medidas que reduzcan los delitos originados y realizados mediante el uso de dispositivos móviles. Este es el caso de la absurda imposición del mal llamado registro de usuarios de telefonía móvil, el cual dilapida de forma contundente lo contenido en el artículo sexto constitucional relacionado con el acceso al internet como derecho humano y la obligación del Estado de integrar a todos sus ciudadanos a las tecnologías de la información.
Bajo un simple criterio de aplicación de normas y jerarquía de leyes es impensable e inaceptable que el legislador priorice la creación de un registro obligatorio y excesivo, sobre la necesidad de resolver de forma definitiva la brecha digital, condicionando de manera arbitraria el derecho para acceder a servicios públicos de carácter general que permitan disminuir la disparidad existente en los diferentes grupos demográficos del país.
Como quien arroja un explosivo y huye a toda velocidad sin medir las consecuencias, el Poder Legislativo a través de las reformas y adiciones aprobadas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha impuesto de manera artificial el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, en franca contradicción al marco constitucional y a las tendencias internacionales que buscan fomentar el entorno digital; dejando al Instituto Federal de Telecomunicaciones con la carga económica de administrar dicho registro, así como con la tarea de enmendar la plana mediante la expedición posterior de disposiciones reglamentarias y asumir las eventuales contingencias y reclamos que se deriven de la ejecución de normas.
En adición a los retos y contingencias que versarán sobre la protección de datos personales y seguridad de la información que será recopilada con la puesta en marcha del registro multimencionado, resulta relevante establecer que lejos de disminuir el uso indebido de los dispositivos móviles, el padrón móvil puede incrementar el mercado negro de tarjetas SIM utilizadas por los teléfonos móviles.
Esto en particular, por la entrada en vigor del nuevo tratado tripartita de libre comercio celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual permite el uso, intercambio, compra y venta de los mismos entre dichos países. Aunado a lo anterior, existe tecnología que permite la clonación de tarjetas SIM, enmascarando los números telefónicos de origen haciendo imposible su rastreo y detección, tirando por la borda cualquier elemento que pueda sustentar la implantación del padrón en cuestión.
El ecosistema digital en su totalidad será receptor de las afectaciones que genere la entrada en vigor del registro de usuarios móviles, ya que no solamente serán los concesionarios y autorizados, como primeros obligados de las reformas aprobadas quienes tendrán que asumir los costos derivados de su implementación y funcionamiento, sino que todas las capas del mundo digital sufrirán desaceleración impidiendo la convergencia efectiva de plataformas, aplicaciones, OTTs, operadores móviles virtuales, etc.
Obligar a usuarios de comunidades remotas y mal conectadas a realizar trámites administrativos para continuar con los servicios de telecomunicaciones básicos es condenar a la desconexión y desamparo a comunidades completas, aumentando la brecha digital y afectando las posibilidades de mejorar la educación, seguridad y salud colectiva.
A pesar de amargas experiencias pasadas, como fue el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), el Poder Legislativo ha decidido regresar a figuras inoperantes vigentes únicamente en gobiernos totalitarios, desconociendo los principios del Estado de Derecho, vulnerando la presunción de inocencia y en contravención a los tratados internacionales firmados con anterioridad.
Por lo anterior, ante la imposibilidad del Poder Legislativo y el Ejecutivo para acordar e implementar las políticas públicas, leyes y normativas bajo marcos jurídicos certeros y con visión a largo plazo, son los individuos agrupados en comunidades los que deben valorar la defensa de los derechos descritos en nuestro marco constitucional, pudiendo ser las acciones colectivas el medio eficaz para restablecer y garantizar las garantías mínimas reconocidas.
La convergencia y transformación digital va más allá de modas, políticas partidistas o modelos económicos en turno, siendo la ruta de progreso efectivo que permite a la diversidad de grupos que forman una sociedad cubrir sus deficiencias y explotar sus capacidades en beneficio del bien común. Garantizar a los concesionarios y autorizados el efectivo cumplimiento de sus obligaciones sin reglamentaciones excesivas e injustificadas es compromiso del Gobierno más allá de filias y fobias.
Abogado egresado de la Universidad La Salle con Maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación en INFOTEC. Tiene 20 años de experiencia en Telecomunicaciones, como Director Jurídico de empresas del ramo, así como asesor externo a través de despachos especializados. Actualmente director de Expanzione. Co-autor de Guía práctica de Cómputo en la Nube. Profesor de Derecho de Telecomunicaciones en la Escuela de Derecho Digital, así como en programas nacionales y extranjeros.
