En una sociedad cada vez más interconectada, tendemos a unificar conceptos y caemos en la falsa percepción de que todas las personas, grupos sociales y comunidades tienen la misma capacidad y medios para acceder a las oportunidades y ventajas que nos ofrece el mundo actual. Ejemplo irrefutable de lo anterior es la convergencia tecnológica creada por las redes de telecomunicaciones y plataformas digitales que crecen diariamente de una manera vertiginosa. Esto genera la creencia de estar todos conectados en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo haciendo posible acceder de manera igualitaria a contenidos, plataformas y sistemas de comunicación integrados.
En múltiples ocasiones, autoridades y organizaciones generan estadísticas para tratar de demostrar la penetración de los servicios de telecomunicaciones a la población en general, utilizando indicadores que resaltan avances significativos en la materia, como la existencia de más dispositivos móviles que habitantes en un país, o sobre las regiones más desprotegidas conectadas a las redes convergentes a través de puntos de conexión general ubicados en plazas públicas, hospitales, escuelas, etc. La fría realidad es que no se puede pensar en inclusión digital cuando en primera instancia no se ha cumplido con la cobertura universal de servicios de telecomunicaciones, siendo éste el primer precepto indispensable para eliminar la brecha digital.
De acuerdo al glosario de la página web del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se entiende por cobertura universal al acceso de la población en general a los servicios de telecomunicaciones determinados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bajo condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad. Derivado de lo anterior, el Gobierno está obligado a interconectar al total de la población en condiciones igualitarias, para también facilitar el acceso al internet y por ende, generar la viabilidad para ofrecer los servicios de banda ancha incluidos en la reforma constitucional de 2013. La autoridad regulatoria del sector define banda ancha como el acceso de alta capacidad que permite ofrecer diversos servicios convergentes a través de infraestructura de red fiable, con independencia de las tecnologías empleadas y cuyos parámetros serán actualizados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones periódicamente.
Sin cobertura universal y con limitación del acceso a internet, pese a disponer de las condiciones regulatorias y operativas necesarias, es imposible que el Estado garantice a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento en términos del artículo sexto constitucional. Queda de manifiesto que bajo las condiciones existentes, no puede considerarse en la práctica a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general, ya que el Estado por sí mismo o a través de terceros concesionados, no presta actualmente a sus gobernados dichos servicios de forma general en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, convergencia, continuidad y acceso libre, tal y como lo establece el marco constitucional de referencia.
Es innegable que uno de los principales problemas para lograr la cobertura universal y el acceso a internet como servicio público es la falta de continuidad de los planes de desarrollo implementados por cada administración federal en sus periodos sexenales, impidiendo la continuidad y seguimiento de las políticas públicas que deberían trascender y desarrollarse de forma sistemática con independencia de los cambios en el poder Ejecutivo. Muestra de lo anterior, son las enormes diferencias existentes entre la pasada administración y el actual titular del ejecutivo, ya que los planes nacionales y estrategias digitales propuestas por cada una de estas dos administraciones son determinadas e implementadas de forma diametralmente opuesta, generando interrupción, abandono y modificación de proyectos torales para el crecimiento del país en un sector prioritario.
Una vez detectado el error en la matrix, el siguiente paso es buscar rutas alternativas eficientes sin caer en justificaciones ni reclamaciones sin sentido, siendo prioridad el diseñar e implementar medios y fórmulas en paralelo que permitan resolver de fondo una problemática que genera a cada minuto que transcurre, el crecimiento de un enemigo silencioso llamado brecha digital. Tomando en cuenta que las nuevas tecnologías en proceso de implantación requieren de mayor infraestructura basada en redes híbridas (recursos alámbricos, soluciones inalámbricas, redes satelitales, etc.) es crucial dividir el tema y regionalizar la solución incrementando de forma tangible las redes regionales y comunitarias, mismas que son maquetas particulares que permiten construir realidades aplicables a diferentes grupos poblacionales.
No debemos, bajo ninguna circunstancia, limitar el espectro de la solución o minimizar su efecto, ya que muchas veces al hablar de redes comunitarias o regionales, la propia autoridad se ha referido a poblaciones con menos de 2,000 habitantes que se aglutinan alrededor de concesiones de uso social o de la mano de pequeños operadores comerciales, siendo esto un resultado limitado derivado de un análisis parcial del problema y una acotación indebida a la propuesta antes referida.
Es importante recalcar que actualmente existen en el país diversas comunidades, municipios, ciudades y hasta entidades federativas con un número de población superior al antes mencionado que carecen de condiciones óptimas para utilizar de forma continua y universal los servicios del nuevo ecosistema digital, sin cumplirse con el debido ejercicio del derecho humano plasmado en nuestro orden constitucional. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han hecho hincapié en la implementación decidida de redes regionales que sean el medio habilitador de políticas públicas locales que abatan carencias y limitaciones imperantes en diversas zonas geográficas.
Para la implementación de redes regionales y comunitarias resulta indispensable generar regulación habilitante en Estados y municipios que permita converger con las políticas públicas del orden federal y que reordene, mejore y revitalice las estructuras legales y administrativas. La regulación habilitante fomentará la inversión que permita cumplir con la cobertura universal y digital buscada, siempre enfocada en las necesidades y problemáticas de cada región. Las regulaciones y bandos agrupados en una Agenda Digital Regional o Municipal de aplicación continua son el medio adecuado para generar accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones sin esperar únicamente el cumplimiento de políticas públicas de carácter federal.
La creación de auténticos fondos de servicio universal, estatal o municipal, debidamente administrados, en los que se puedan asignar recursos generados por los mismos servicios para el despliegue y crecimiento de infraestructura regional o comunitaria, es un vehículo efectivo para que estas redes sean sustentables y sostenibles. Resulta conveniente señalar que este tipo de medidas no tienen como finalidad el generar un impuesto adicional que contravenga la normatividad federal, ni es una intromisión a la Ley Federal de Telecomunicaciones respecto a las obligaciones de concesionarios autorizados para operar redes públicas de telecomunicaciones. Simplemente son fórmulas locales alternativas que pueden evaluarse en conjunto entre las autoridades estatales, municipales y los concesionarios públicos debidamente autorizados, para generar incentivos de operación y funcionamiento de redes comunitarias y regionales.
Estabilidad financiera y capacidad de crecimiento continuo son sin duda los retos que las redes regionales y comunitarias deben enfrentar para cumplir con el objeto de su creación. Pero es aquí donde la colaboración de las autoridades locales, la generación de agendas digitales eficientes y el desarrollo del bienestar efectivo a través de la tecnología debe estar basada en la captación de recursos que permita utilizar a las redes comunitarias como el eslabón faltante en la cadena para alcanzar la cobertura universal, el acceso a internet y la provisión de ancho de banda a todos por igual, además de un crecimiento comunitario bien dirigido. Aunque actualmente las asociaciones público-privadas no son aceptadas del todo por el Gobierno Federal como figura legal para desarrollar infraestructura, son los gobiernos locales con las facultades que les otorga su propia normatividad, los que deben explorar la posibilidad afianzar proyectos a largo plazo colaborando con la iniciativa privada.
Innovar para derribar barreras que permitan una estrategia digital funcional es obligación de todos los entes de gobierno facultados para ello, tal y como lo establece nuestra carta magna y la Ley Federal de Telecomunicaciones como marco legal rector del sector, por lo que dichas autoridades deberán de allegarse de los recursos, proyectos, planes y sinergias que permitan la consecución de los resultados requeridos. El desarrollo de capacidades regionales y locales como consecuencia de la implementación de tecnología enfocada en disminuir las divergencias y resaltar las ventajas de cada comunidad, son diferenciadores objetivos que se pueden lograr a través de redes regionales y comunitarias y cumplir de una vez por todas con la cobertura universal.
Abogado egresado de la Universidad La Salle con Maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación en INFOTEC. Tiene 20 años de experiencia en Telecomunicaciones, como Director Jurídico de empresas del ramo, así como asesor externo a través de despachos especializados. Actualmente director de Expanzione. Co-autor de Guía práctica de Cómputo en la Nube. Profesor de Derecho de Telecomunicaciones en la Escuela de Derecho Digital, así como en programas nacionales y extranjeros.
